Procesal

05
Jun

En los tablones de anuncios y boletines oficiales de las distintas Provincias y Comunidades Autónomas podemos encontrar hoy en día multitud de propiedades sacadas a subasta judicial como consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria. 

En la mayoría de los casos se trata de subastas sin postores, por lo que el ejecutante acaba adjudicándose el inmueble por un 60% de su valor de tasación, o incluso un 50% si no se trata de vivienda habitual, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional sexta de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según la redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre.

En la actualidad muy pocos particulares participan en estas subastas judiciales para adquirir bienes inmuebles, pese al importante ahorro que podría suponer frente a la adquisición normal en el mercado. Ello se debe normalmente al desconocimiento de la normativa y el funcionamiento de este tipo de procedimientos, creando una posición de inseguridad y vulnerabilidad frente a los famosos “subasteros”. Sin embargo, con la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil cualquier persona puede acudir a una subasta judicial, depositando el 20% del tipo de la subasta fijado para bienes inmuebles [que será el valor resultante de deducir del avalúo del bien las cargas anteriores a aquella por la que se está ejecutando el bien (artículo 666 LEC)]. Este depósito se devuelve posteriormente a todos los licitadores a los que no se haya adjudicado la finca (artículo 669 LEC).

Otra posibilidad sería la adquisición del inmueble antes de la fecha de la subasta, poniéndonos en contacto con el propietario y el ejecutante para negociar las condiciones de una compraventa normal, en cuyo caso el ejecutante renunciaría a la celebración de la subasta.