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12
Dec

Modificaciones más importantes de la Ley de Arrendamientos Urbanos por la Ley 4/2013 de flexibilizaron y fomento del mercado de alquiler

llaves

19
Nov

Todos sabemos que en nuestro mundo actual el dinero es poder. Como ya decía N. M. Rothschild: “No me importa qué marioneta está en el trono de Inglaterra para gobernar el imperio en donde nunca se pone el sol. El hombre que controle el dinero, controlará el imperio, y yo controlo el dinero británico”.

Por tanto, quien controla el dinero controla la nación, llegando incluso más allá de sus fronteras dada la globalización del sistema económico y financiero. 

De esta manera, se ha instalado un sistema de dinero (y de poder) al servicio, no de la ciudadanía, sino de una pequeña élite financiera exclusiva y excluyente que hará todo lo posible por la continuación del mismo en el futuro, sin que haya alternativas posibles.

07
Jun

¿Es el dominio de la oratoria una habilidad importante para los abogados?

La mayoría de los planes de estudio parecen indicar lo contrario, ya que sólo una minoría de nosotros hemos recibido formación de oratoria en la Facultad de Derecho. No obstante, probablemente se deba al enfoque altamente teórico que tiene todavía la formación universitaria en nuestro país. ¿Cuántas demandas hemos redactado en la Facultad de Derecho? La mayoría de nosotros muy pocas, teniendo que buscarnos la vida en la práctica, razón de la nueva Ley de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador.

También es conocido que los jueces sólo valoran el contenido técnico-jurídico de lo que estamos diciendo y no el cómo lo decimos. La mayoría de las veces será así, teniendo una prueba contundente un valor claramente superior a las dotes de oratoria del abogado contrario, pero ¿y en los casos realmente dudosos? Después de todo, los jueces también son humanos y, por tanto, no son ajenos a las tradicionales técnicas de la comunicación humana.

05
Jun

En los tablones de anuncios y boletines oficiales de las distintas Provincias y Comunidades Autónomas podemos encontrar hoy en día multitud de propiedades sacadas a subasta judicial como consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria. 

En la mayoría de los casos se trata de subastas sin postores, por lo que el ejecutante acaba adjudicándose el inmueble por un 60% de su valor de tasación, o incluso un 50% si no se trata de vivienda habitual, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional sexta de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según la redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre.

En la actualidad muy pocos particulares participan en estas subastas judiciales para adquirir bienes inmuebles, pese al importante ahorro que podría suponer frente a la adquisición normal en el mercado. Ello se debe normalmente al desconocimiento de la normativa y el funcionamiento de este tipo de procedimientos, creando una posición de inseguridad y vulnerabilidad frente a los famosos “subasteros”. Sin embargo, con la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil cualquier persona puede acudir a una subasta judicial, depositando el 20% del tipo de la subasta fijado para bienes inmuebles [que será el valor resultante de deducir del avalúo del bien las cargas anteriores a aquella por la que se está ejecutando el bien (artículo 666 LEC)]. Este depósito se devuelve posteriormente a todos los licitadores a los que no se haya adjudicado la finca (artículo 669 LEC).

Otra posibilidad sería la adquisición del inmueble antes de la fecha de la subasta, poniéndonos en contacto con el propietario y el ejecutante para negociar las condiciones de una compraventa normal, en cuyo caso el ejecutante renunciaría a la celebración de la subasta.

03
Jun

El pasado 26 de mayo se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, que entró en vigor al día siguiente a su publicación, es decir, el 27 de mayo. Esta norma introduce dos medidas “urgentes” para la liberalización del comercio y de determinados servicios.

En su Título I se regula la eliminación de la autorización administrativa previa para la apertura de determinados negocios del sector minorista, así como su sustitución por la declaración responsable o comunicación previa, con el objeto de “impulsar y dinamizar la actividad comercial minorista y de determinados servicios”.

El Título II está dedicado al “apoyo a la exportación de material de defensa por el Ministerio de Defensa”, regulando la intervención del Ministerio de Defensa en los contratos celebrados con Gobiernos extranjeros para la exportación de material armamentístico. En el marco de estos contratos, el Ministerio de Defensa representará al Gobierno extranjero para contratar con las correspondientes empresas del sector, al objeto de cumplir con la entrega del material de defensa. El Gobierno español, por tanto, pasará a ser un intermediario directo en estas operaciones, favoreciendo y protegiendo los intereses de la industria armamentística.